Ha pasado casi una semana desde las elecciones primarias en Honduras y son pocos los precandidatos a cargos de elección popular que han cumplido con la obligación de presentar su informe de rendición de gastos de campaña ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), también conocida como la Unidad de Política Limpia.
La entidad de fiscalización recordó que quedan menos de 10 días para cumplir con esta obligación, ya que el plazo improrrogable finaliza el 24 de marzo a la medianoche, tal como lo destacó el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Emilio Hércules.
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Para garantizar que los precandidatos puedan cumplir con este requisito, la Unidad de Política Limpia ha habilitado horarios extendidos y turnos especiales hasta altas horas de la noche, incluyendo atención hasta la medianoche del 24 de marzo.
Hércules advirtió que, una vez vencido el plazo, se impondrán sanciones económicas conforme al artículo 56 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización contra quienes no hayan presentado sus informes.
Estas multas varían según el cargo al que los precandidatos aspiren: los candidatos a la presidencia deberán pagar 15 salarios mínimos, los de diputados, 10 salarios mínimos, y los de corporaciones municipales, 5 salarios mínimos.
Además, si algún precandidato se niega a presentar su informe luego de ser multado, enfrentará una segunda multa de hasta 100 salarios mínimos, lo que equivale a aproximadamente 1,390,000 lempiras.
Política Limpia informa que los partidos políticos gastaron más de 27 millones en campañas
El 5 de marzo, la Unidad de Política Limpia informó que los tres principales partidos políticos de Honduras (Libre, Partido Nacional y Partido Liberal) gastaron más de 27 millones de lempiras en las campañas de las elecciones primarias. Mientras que los precandidatos tienen hasta el 24 de marzo para rendir cuentas, los movimientos internos de los partidos tienen plazo hasta el 4 de abril.
La Unidad de Política Limpia instó a los precandidatos a cumplir con la ley para evitar sanciones y asegurar la transparencia en el financiamiento electoral.
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